Emilio Lugo
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Diversos medios de prensa han denunciado que alrededor de 500.000 personas fueron afectadas por los problemas de energía eléctrica en Asunción y diversas ciudades del país desde la noche del jueves 18 pasado. Miles de usuarios de la ANDE , Administración Nacional de Electricidad tuvieron que instalarse en las veredas, patios, balcones, incluso en los bancos de las plazas públicas tratando de soportar el infernal calor e intentar dormir.
La gente ha reaccionado indignada ante esta situación rechazando las rebuscadas explicaciones técnicas para tratar de eludir la responsabilidad que le compete a los administradores inoperantes que están al frente de la empresa y a la crisis de la política energética gubernamental, ya que Paraguay, el país de las grandes hidroeléctricas figura entre los mayores productores de energía eléctrica en el mundo
y nada justifica estas jornadas angustiosas y humillantes vividas.
A pesar del colapso, el Gobierno se niega a declarar emergencia energética o eléctrica en las zonas afectadas a fin de tomar las medidas
urgentes que sean necesarias.
Según analistas se requerirá una inversión aproximada de 5.394 millones de dólares en los próximos 9 años, para los trabajos de generación,
transmisión y distribución de energía eléctrica. Mientras tanto tendremos que seguir soportando el resultado de más de 40 años de políticas energéticas, entreguistas, antipatrióticas, corruptas de los gobiernos, tanto la dictadura stronista, como aquellos que le sucedieron desde 1989.
No olvidamos, desde luego, otros problemas graves como la realidad que viven los hospitales públicos abarrotados y desabastecidos, así
como la imagen de abandono y ruina de educación de las escuelas y colegios públicos, pese a los enormes recursos destinados por el Fonacide y que sirvió en gran parte para la corrupción.
Ante este escenario dramático, los gremios cooperativistas deben pronunciarse con firmeza y con recomendaciones sobre la adopción
de políticas públicas al respecto.
Tanto la confederación, así como las federaciones y centrales deben señalar públicamente la postura cooperativista y solidarizarse con tantos
compatriotas que sufren las consecuencias del desinterés y la irresponsabilidad de las autoridades que no buscan soluciones permanentes
a la situación.
Una propuesta podría ser la de concretar alianzas estratégicas entre el sector cooperativo y el Gobierno para fortalecer las cooperativas de
servicios públicos que se encarguen de la distribución de la energía eléctrica, como ocurre en Argentina y otros países, a partir de las subestaciones que hay en diversos municipios.
La administración podría incluir el control de la lectura de los medidores y que esta se haga en presencia del propietario o algún ocupante o
responsable de las viviendas para dar transparencia al proceso, así como la preparación y el cobro de las facturas esté. Que todo esto esté
a cargo de las cooperativas.
De ese modo se evitarán cobros excesivos como ocurrió en diciembre del año pasado en que muchos usuarios se quejaron porque les facturaron el doble de lo que normalmente pagaban.
La Conpacoop debe retomar y profundizar aquel Plan Nacional de Desarrollo Cooperativo del año 2002, uno de cuyos ejes refería a la
promoción de las cooperativas de servicios públicos, a fin de incidir en las esferas de poder para su inclusión en las políticas públicas.
