POR EMILIO LUGO
Recordaremos este 2015 como un año de movilización y lucha. Un tiempo que puso a prueba nuestro compromiso con los principios universales clave que sostienen el modelo de economía social. Mencionamos, entre otros, la participación democrática de los
miembros, la integración entre cooperativas, así como la autonomía e independencia.
En consecuencia, reafirmamos nuestra postura que ante cualquier posibilidad, amenaza o intención de violentar los fundamentos teóricos,
es decir las bases doctrinarias del cooperativismo, debe haber, de parte de los líderes, una respuesta gremial colectiva, disciplinada y firme en defensa de nuestra identidad y nuestro sistema de trabajo.
No deberíamos tener otra actitud más que la decidida acción integrada ante cualquier medida que pretenda desvirtuar, debilitar o destruir, en este caso, el acto cooperativo, es decir, el sentido solidario de nuestra labor empresarial, la razón de ser de las entidades cooperativas.
Creemos que no debería haber dudas, vacilaciones, divergencias o confusiones de parte de los y las dirigentes, respecto a los conceptos y fundamentos esenciales que diferencian la economía social cooperativa de la economía de capital.
Sin embargo, las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo y que amenazan la supervivencia, especialmente de las cooperativas de ahorro y crédito, han provocado desacuerdos que han dañado gravemente la unidad e integración del movimiento cooperativo que no se pueden ocultar.
Recordemos que ciertos dirigentes de las cooperativas de producción tienen una gran responsabilidad en los problemas que hoy enfrentamos como consecuencia de la aplicación de impuestos sobre el acto cooperativo.
Con una actitud egoísta, pusieron por delante sus propios negocios empresariales antes que los valores, principios, el interés mayoritario del movimiento cooperativo paraguayo y el ejercicio de nuestra autonomía y libre organización que están garantizadas por el Artículo 113° de la Constitución Nacional.
No olvidemos que referentes de la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod) apoyaron públicamente las medidas tomadas por el Gobierno en contra del acto cooperativo, al modificar en la Cámara de Diputados el artículo 113º de la Ley 438/94 y castigar con el 10% del IVA a los créditos de los socios y a otros servicios solidarios.
Con esa decisión han eliminado la exención tributaria que históricamente tenían los servicios financieros y sociales gestionados colectivamente
entre los socios de las cooperativas y estas entre sí. El argumento difundido a través de la prensa fue que el pago de impuestos no tiene nada que ver con el acto cooperativo.
Que con dicha medida se estaría ayudando a formalizar la economía y que las cooperativas de producción vienen pagando sin problemas los impuestos sobre sus servicios financieros.
En primer lugar, rechazamos totalmente las ideas difundidas ante la opinión pública por estos señores en coincidencia con la estrategia
de prensa de algunos voceros del Ministerio de Hacienda, de que las cooperativas no quieren pagar impuestos y necesitan formalizarse.
El sector cooperativo está en la lista de los 500 mayores contribuyentes de nuestro país. Pagamos todos los impuestos correspondientes cuando realizamos compras y transacciones con empresas del mercado y personas no socias.
Nuestro sistema de trabajo es serio y cumple con todas las formalidades y exigencias jurídicas. Tenemos una sola contabilidad. Para acceder a ciertos montos de crédito se solicita al asociado la presentación del Certificado de Cumplimiento Tributario, de acuerdo a lo establecido por
la SET, Subsecretaría de Tributación.
Se educa a los socios a trabajar legalmente, utilizando facturas. Se paga el IPS de todos los empleados, estrictamente, conforme a sus salarios.
Hay una relación formal con los miles de proveedores. Se respetan los Contratos de trabajo, de conformidad con la legislación laboral, etc.
Entonces, volvemos a reiterar que las movilizaciones y reclamos de las cooperativas de ahorro y crédito que fundamentalmente cuenta con servicios destinados a sus asociados, al interior de la empresa, se han hecho para defender el acto cooperativo, es decir el trabajo de ayuda mutua que los socios y las cooperativas se brindan mutuamente, sin propósitos especulativos, de lucro, de ganancia del capital, sino en la búsqueda de la rentabilidad social, es decir, de una mejor calidad en cuanto a salud, educación capacitación, vivienda digna, trabajo decente
de las familias cooperativistas y por extensión, de toda la comunidad.
En cambio, las cooperativas de producción casi mayoritariamente, venden sus productos en el mercado, a personas no socias y es normal que paguen el IVA sobre esas transacciones comerciales.
