EMILIO LUGO
En las últimas semanas, el ministro de Hacienda, don Santiago Peña, estuvo haciendo declaraciones, en tono preocupante, acerca de la situación casi dramática en que se encontraría el fisco para enfrentar las obligaciones del Estado, sin violar el equilibrio que debe existir entre los ingresos y gastos. En forma reiterada viene anunciando que se debe aumentar las recaudaciones y evitar que el déficit fiscal supere el tope del 1,5% fijado en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Entre algunas de las medidas que considera prioritario para lograr tal propósito es aplicar el IVA a los créditos que los socios van a obtener en su cooperativa. Es decir, se propone gravar el trabajo solidario de las empresas de economía social. Todo ese discurso busca convencer a la opinión pública de que las medidas a ser adoptadas por el gobierno son justas y necesarias para reactivar la economía. Llamativamente, son las mismas propuestas coincidentes con las del FMI, Fondo Monetario Internacional La idea sería dinamizar las inversiones públicas para generar trabajo, tratando de paliar la crisis regional que afecta fuertemente, en especial, las economías de Brasil y Argentina y evitar que tengan un efecto mayor en la nuestra. Sin embargo, el mismo ministro se encargó de desarmar dichos argumentos. Efectivamente, conforme a publicaciones de prensa de días pasados, el aumento de los ingresos por impuestos, entre los años 2010 y 2015, superior a los 1.500 millones de dólares, alrededor de 8 billones de guaraníes, fue absorbido casi en un 95% por salarios, remuneraciones y bonificaciones de los funcionarios públicos. El número de empleados ha venido creciendo cada año. Datos del año 2014 señalaban que nuestro país cuenta con más de 280.000 personas dependientes del Estado. A este crecimiento numérico se agrega el hecho de que el promedio de aumento salarial también ha ido creciendo entre el 15% y 20% promedio, anual. En esta lista de funcionarios no están solamente aquellos que trabajan honestamente, se esfuerzan en capacitarse y cumplir con fidelidad las funciones que les corresponden. Están también los planilleros quienes son recomendados de la dirigencia política solamente aparecen para firmar y cobrar sus sueldos cada mes. Además de constituirse en la clientela política segura que periódicamente, en tiempos electorales como el que estamos viviendo en este período, depositan sus votos en favor de los candidatos que les facilita, justamente figurar en las planillas de diversas instituciones, sin trabajar. En definitiva, una vez más se constata lo que vienen afirmando numerosos analistas económicos, en el sentido de que el problema en Paraguay no radica en los ingresos tributarios que han ido aumentando cada año, sino el malgasto público, a consecuencia de la corrupción e impunidad existentes. En consecuencia, señor Santiago Peña, la conclusión que saca la ciudadanía es que se pretende descargar la responsabilizar de sostener la clientela estatal sobre las espaldas de sectores que como los cooperativistas se esfuerzan diariamente en invertir en la producción agropecuaria e industrial, en investigación e innovaciones tecnológicas, en ingresar 4 de cada 10 dólares que ingresan, gracias a las exportaciones. En generar trabajo para más de 120.000 personas, en forma directa, y otros miles de empleos en micro y pequeñas empresas que dan ocupación a alrededor del 80% del mercado laboral en nuestro país. Definitivamente, se manejan agendas diferentes. En efecto, en tanto que las cooperativas que son herramientas fundamentales para el desarrollo sostenible, trabajan, planifican, emprenden proyectos, con recursos de los mismos socios, se brindan servicios para satisfacer sus necesidades, no para especular con el capital. Mientras la economía social influye en la creación del capital social, decir la confianza, la cooperación solidaria, la cohesión e inclusión económica, social y financiera. Mientras las cooperativas contribuyen activamente en la lucha contra la pobreza, favorece la práctica de la democracia económica, el acceso a la salud, educación, capacitación, seguridad social, vivienda digna, etc. En cambio y nos ampara el beneficio de la duda, las medidas fiscalistas que el señor ministro de Hacienda pretende imponer no se van a destinar prioritariamente a cumplirlas funciones del Estado: salud, educación, servicios públicos eficientes, seguridad social, etc. Estos ingresos van a servir, mayoritariamente, para seguir sosteniendo la clientela política, cubrir el malgasto público, sin atacar los problemas de fondo como la evasión impositiva, la corrupción y la ineficiencia en la administración de los recursos públicos. Por todo esto, hacemos un llamado al presidente de la República, señor Horacio Cartes, y a los diputados. Va a ser un error político grave atentar contra el acto cooperativo, eliminando las exenciones tributarias que el mismo tiene desde hace más de 85 años. Las consecuencias van a tener un efecto contrario al afán recaudador. Va a liquidar el sentido solidario de las mismas, vaciar su esencia de entidades de ayuda mutua, ponerlas en el mismo nivel que las empresas de capital, como los bancos y financieras, debilitar el trabajo que realizan y desanimar a los asociados y a las personas que se apoyan en el asociativismo para resolver sus necesidades. El resultado va a ser: menor contribución social, producción y empleo disminuido y finalmente menor contribución al Fisco.
