Emilio Lugo
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Como cooperativistas, una vez más comprobamos que los valores humanos universales, como la libertad de elegir, la decencia, el respeto a la dignidad no se someten a las amenazas, la prepotencia, las actitudes dictatoriales, la tentación de la plata ni a la soberbia. Como pocas veces en la historia política de nuestro país, hemos vivido un proceso electoral cargado de simbolismos que expresan dos formas, dos culturas cívicas que se contraponen.
Por un lado, los líderes que representan a la vieja escuela de los caudillos que se consideran los únicos actores con capacidad para representarnos en los espacios de poder y administrar los recursos públicos. Estos mismos señores que han tratado de polarizar y alinear la participación ciudadana, en distintos puntos de la República, agitando los colores partidarios tradicionales y aturdiéndonos diariamente con las conocidas polcas y estribillos vacíos de propuestas que incitan a la división o en el peor de los casos al enfrentamiento entre compatriotas. Estos señores que como el señor Horacio Cartes, presidente de la República, se convirtió en jefe de campaña de un partido político, descuidando sus altas responsabilidades como Mandatario y Administrador del Estado. O como el presidente de la Cámara de Diputados Hugo Velázquez que llamó a votar por algunos candidatos denunciados, incluso, por corrupción o enriquecimiento ilícito, a través de la prensa, por el solo hecho de ser un correligionario. Para él, lo que importa es el Partido y no las acciones vergonzosas que comprometen ciertos candidatos.
Por el otro lado, una creciente conciencia cívica de miles de hombres y mujeres que se movilizan y ya no están dispuestos a seguir pasivamente
las hurras y las consignas fanáticas. Una ciudadanía con criterios propios que exige respeto a su derecho de elegir a quienes considera
más confiables. Y creíbles, conforme a su conducta limpia, desde el punto de vista social, política y ética. Nuevos electores cuyas condiciones para optar por un candidato son la honestidad, la transparencia y la tolerancia a las opiniones disidentes. Una ciudadanía que exige participar activamente, no solo a la hora de votar, sino también en la definición de las prioridades a ser atendidas desde la administración municipal, la aplicación correcta de los recursos asignados, como el Fonacide o los royalties de las hidroeléctricas y el control estricto de las gastos
públicos.
En ese escenario, hemos vivido la jornada electoral marcada por el calendario político nacional. Más allá de los datos sobre porcentajes
de votos, las elecciones realizadas en los 250 municipios el pasado domingo, 15 de noviembre, deja algunas lecciones que debemos analizar
cuidadosamente. En primer lugar la amplia participación y la ejemplar conducta democrática de la ciudadanía. La gente acudió masivamente
a los lugares de votación para ejercer activamente su derecho a elegir a las autoridades municipales, intendentes y concejales, quienes
tendrán la gran responsabilidad de administrar los intereses de las comunidades respectivas, poniendo por delante la satisfacción de las necesidades más sentidas, el mejoramiento de la calidad de vida, dando prioridad al bien común.
En segundo lugar y pese a que en ciertos lugares, según denuncias periodísticas, hubo intento de manipular la voluntad popular, con
los viejos métodos prebendarios, como la compra de votos, aprovechándose de las necesidades de las familias pobres, una mayoría creciente
de electores actuaron con criterios propios. Y una vez más demostraron, a los soberbios y autoritarios que creen que con el dinero se compra
todo, que tanto la conciencia como la dignidad y el deseo de cambio no tienen precio y no están sometidos a las leyes del mercado regidas
por la ley de la oferta y demanda. La derrota de numerosos candidatos acusados de corrupción, enriquecimiento en el cargo, abuso
de poder, tráfico de influencia que habían perdido la confianza en sus comunidades y buscaban el rekutu, la continuidad, refleja lo que sabiamente decía aquella recordada canción de Fito Páez: ¿quién dijo que todo está perdido?
También expresa el firme deseo mayoritario de construir un nuevo orden económico y social, basado en la igualdad, equidad y justicia, en
nuestro país. Una sociedad donde las organizaciones sociales, las comisiones vecinales, los múltiples actores del desarrollo local, se constituyan en factor de poder. Es decir, que incidan en las instancias donde se definen las políticas públicas, que tengan una presencia real en el momento en que se elaboran los presupuestos y se controlan los gastos, que los intendentes y concejales se reúnan permanentemente con la dirigencia social para escuchar sus propuestas y finalmente, de manera clara, sencilla y normal, cumplan con sus promesas y programas de
gobierno, con la mayor honestidad y transparencia.
Recuerden, como decía Mario Benedetti, gran poeta Uruguayo, ya nadie tendrá la libertad de elegir lo injusto, ya que la gente será implacable contra los corruptos.
