Emilio Lugo
emiliolugo54@hotmail.com
En estos últimos días se han multiplicado las informaciones y comentarios de la prensa empresarial, especialmente las vinculadas al ámbito
financiero, sobre las cooperativas. Amplia difusión le dieron a las recetas anuales que los técnicos del FMI, Fondo Monetario Internacional,
destilan con aire altanero, recordándonos, periódicamente, nuestra condición de país dependiente de los polos de poder financiero internacional y la obligación de cumplir con las reglas impuestas por un pequeño grupo de señores multimillonarios, dueños del dinero en el mundo.
Las publicaciones destacaron satisfechas, la opinión favorable de dicho organismo respecto a la pretensión de imponer el 10% del IVA al
crédito y a todos los servicios sociales cooperativos, por primera vez en más de 80 años de historia del cooperativismo paraguayo, de parte del
gobierno de Horacio Cartes. El argumento de mala fe del FMI es que se debe ir ampliando la base impositiva.
El objetivo es presentar a las cooperativas, ante la opinión pública, como instituciones que no quieren pagar impuestos. La misma estrategia
que utilizó el Ministerio de Hacienda.
La realidad es que las cooperativas se hallan entre los 500 mayores contribuyentes del fisco. Este hecho se oculta a propósito a fin de provocar la reacción negativa de la gente ante las movilizaciones llevadas adelante el año pasado. Así mismo, exigen la aplicación de Normativas
rigurosamente bancarias a nuestro sector. Y es que no podemos esperar otra postura de parte del FMI. Lo extraño sería que hablen bien de las cooperativas.
A estas propuestas, hay que agregar la preocupación que surge entre las cooperativas que emiten tarjetas de crédito a raíz de ciertos comentarios, surgidos entre algunos integrantes del propio Consejo Directivo del Incoop, referente a la posibilidad unificar los límites o el
tope de las tasas de interés de las tarjetas de crédito de las cooperativas con la de los bancos y financieras, conforme al promedio de las tasas
pasivas del mercado, establecidas por el BCP, Banco Central del Paraguay, en cumplimiento del artículo 9° de la Ley 5476/15. Sabemos
que dicho cálculo se basa en las tasas de interés que las empresas de capital pagan a sus ahorristas en el mercado en que operan y que son
muy bajas. Este promedio, al multiplicar por tres no supera el 20 % que es la tasa máxima que pueden cobrar los bancos, sobre sus tarjetas.
En cambio, las entidades cooperativas pagan una tasa de interés mayor a sus ahorristas y en promedio ronda el 10,5%, lo que le permite contar
con un límite que supera el 30%. Directivos y técnicos del sector están solicitando al Incoop que se apoye en la autonomía que le da, expresamente, la mencionada Ley, en el artículo 4° donde se menciona a los órganos de aplicación de la Ley 5476/15, entre los que está el Incoop, para fijar el promedio de las tasas pasivas del mercado cooperativo y en consecuencia definir el límite de las tasas de interés para las
tarjetas de crédito. Afirmamos nuevamente que es la medida concreta y correcta que corresponde adoptar por parte del órgano regulador de
las cooperativas.
Reiteramos, varias de las fundamentaciones expuestas en anteriores entregas para sensibilizar a los líderes del sector en relación a la
necesidad de no aceptar resignados estas decisiones que van a afectar profundamente el espíritu solidario, de servicios y sin fines de lucro de
las empresas de economía social, al equiparar a las mismas y darles igual tratamiento legal, impositivo que a las sociedades anónimas.
