La ley que aprueba dos créditos del BID, que suman US$ 100 millones, sancionada por el Legislativo, solo depende de la promulgación del Ejecutivo. A estos fondos se subordina el calce presupuestario de obras de infraestructura promovidas por el Estado.
El listado incluye obras y megaobras de los Ministerios de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y de Salud Pública, como puede observarse en el cuadro.
La ley de referencia estuvo desde el año pasado en el Congreso, fue aprobada por el Senado en diciembre de 2012 y por Diputados a mediados de junio último, pero faltaba la firma del presidente de esta cámara.
Finalmente, el documento fue firmado ayer por el nuevo titular de Diputados, Juan “Ancho” Ramírez, luego de que directivos de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) hicieran lobby ante el legislador para que firme la ley sancionada.
El presidente de Capaco, Jorge Moreno, resaltó la importancia de este crédito para dar continuidad a obras de infraestructura que actualmente están en ejecución, pero con una merma en el nivel de trabajo.
Moreno reconoció que a estas alturas es inevitable la paralización de varias obras, debido a que las empresas pequeñas y medianas ya no pueden seguir trabajando sin recibir pagos. Ni siquiera pueden acceder a créditos bancarios porque la incertidumbre en torno a estos fondos provocó el cierre de puertas de la banca para los constructores. No obstante, Capaco insta a que los trámites para la efectivización de los fondos del BID sean realizados con la mayor celeridad posible.
Los miembros del gremio están preocupados por la situación, ya que una paralización implica para ellos altos costos, pero trabajar “a media máquina”, como en los últimos dos o tres meses, significa que los plazos contractuales siguen corriendo y el Estado hasta podría aplicarles multas por retrasos, a pesar de que el motivo es la falta de pago
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