El miércoles último, en el edificio del antiguo cabildo de Asunción (ex sede parlamentaria) se lanzó la campaña nacional para colectar 86.000 votos que instalen en el Congreso el tratamiento del primer proyecto de ley formulado fuera del ámbito político partidario.
El plan apunta a generar recursos que incentiven la difusión masiva de anuncios de provecho educativo, social y ecológico, dirigido esencialmente a niños y jóvenes.
Denominado “Proyecto de Ley de Incentivo a la Publicidad de Interés Público”, su elaboración culminó tras dos años de diálogos y socialización entre actores civiles y privados.
Robert Cano, uno de los impulsores, afirmó: “Es producto netamente del esfuerzo y de la iniciativa popular”.
Ahora, tras el acto celebrado en el ex-Cabildo comenzará la colecta de 86.000 firmas –o 2% del caudal electoral del país– para que sea recibido, tratado y, en vista a su genuina procedencia popular, sancionado, por el Congreso.
De lograrse el objetivo, se crearán mecanismos que incentivarán la producción de mensajes para la ciudadanía en radio, televisión e internet.
El plan sugiere considerar como donación o gastos –deducibles de impuestos– los aportes de empresas y personas en la difusión de anuncios de alto impacto social. Y propone a la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información Comunicación (Senatics) para controlar y certificar la producción.
Además, su sanción y ulterior promulgación facilitará la tarea de los sectores de educación, salud, medioambiente y otros, en una transformación positiva de la conciencia social, principalmente en niños y jóvenes.
Otro punto significativo es que la redacción del plan se fundamenta en 22 artículos de la Constitución Nacional y su potencial vigencia, dará vigor a la tutela de los derechos consagrados por los postulados de la primera ley de la nación.
