Desalojos impunes

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El procedimiento para el desalojo y destrucción de locales comerciales realizado por funcionarios de la Municipalidad de Ciudad del Este no solo subvierte todo el orden jurídico, al convertirse la Municipalidad en un suprapoder que se atribuye la potestad de hacer justicia por mano propia, sin dar intervención al poder judicial.
Lo más grave es que la sucesión de hechos punibles perpetrados por funcionario municipales, se hizo a la vista de la Policía Nacional y con intervención de un agente fiscal que, lejos de evitar esos delitos y de perseguir a los responsables, asumió una actitud contemplativa y condescendiente con la barbarie que se desato el fin de semana en Ciudad del Este.
La Municipalidad destruyó literalmente los locales de varias casas comerciales y así permitió el saqueo practicado por las hordas que, desde muy temprano, amenazaban a clientes y funcionarios para desalojar esos locales y permitir el trabajo de las máquinas pesadas de la Municipalidad.
El Estado de derecho ha desaparecido por completo en Ciudad del Este y en la imposición de la fuerza sobre el derecho la Municipalidad de Ciudad del Este ha sido la protagonista, teniendo por testigos cómplices a policías y fiscales que nada hicieron para evitar lo ocurrido. Para colmo, ningún juez de Ciudad del Este tuvo el coraje de aceptar las acciones de amparo o interdicto que pretendieron promover los afectados y, menos aún, dictar medidas cautelares para evitar la catástrofe edilicia y la destrucción del sistema legal. 
La seguridad jurídica ha desaparecido y eso afecta a todo el país, porque si un órgano estatal o municipal prescinde del derecho para imponer la fuerza, es la imagen del país la que queda afectada y eso no se puede permitir. 
Los graves daños causados y todos los hechos punibles cometidos resultan casi insignificantes ante el quebrantamiento del Estado de derecho, porque eso es lo que ha ocurrido este fin de semana en Ciudad del Este.