POR EMILIO LUGO
En una jornada histórica, el pasado 25 de junio, miles de cooperativistas nos manifestamos frente al Congreso Nacional. Por un lado, par apoyar la actitud asumida por los Senadores, de ratificar la decisión de apoyar el proyecto de modificación de la ley, consensuada por nuestro sector. Por otro, el firme rechazo a las pretensiones de imponer cambios que violentan nuestra doctrina y los mandatos establecidos en el Artículo 113º de la Constitución Nacional, por parte de la Cámara de Diputados. Debemos destacar la gran disciplina, el espíritu de integración y solidaridad, la conducta ciudadana respetuosa que predominó durante la marcha. Nunca tuvimos la intención de conflictuar. Siempre hemos manifestado nuestra vocación de diálogo. Creemos que las autoridades tienen la oportunidad de convocar a los/as líderes del movimiento cooperativo para establecer alianzas estratégicas y acuerdos mutuos de cooperación para el desarrollo de nuestro país. Lo único que solicitamos es que se deje sin efecto la intención de imponer a las cooperativas sistemas electorales que corresponden a los partidos políticos y no a una empresa de economía social que pertenece al sector privado. Así también, la no aplicación del IVA al acto cooperativo. Esto es, el respeto a nuestra autonomía y soberanía.
Hemos escuchado y leído diversas opiniones en algunos medios de comunicación. La mayoría trata de minimizar nuestras reivindicaciones o rechazarlas. La cuestión fundamental no se reduce a que se aplique el IVA a los créditos de los socios que de hecho van a verse perjudicados, si prospera dicha medida, por el encarecimiento de los mismos. El punto central, volvemos a reiterar, es que al imponer impuestos sobre el acto cooperativo, se vacía el contenido del trabajo solidario, la práctica de la ayuda mutua que es la esencia, la semilla original, la sustancia que abona el nacimiento y la existencia de las cooperativas. El acto cooperativo no es una faena comercial para obtener ganancia o rentabilidad. No es un negocio más. Es la expresión del espíritu solidario que impulsa a los asociados, en la búsqueda de satisfacer sus necesidades, a través de la autoayuda, el compromiso colectivo, la suma de esfuerzos y recursos propios que culmina en la gestión colectiva de servicios. Con esto se logra la rentabilidad social que se expresa en el acceso a la salud, educación y capacitación de mejor calidad, cultura democrática vivienda digna, recursos financieros inclusivos para generar fuentes de trabajo y producción de bienes y servicios. Todo con el propósito de mejorar la calidad de vida de los asociados, sus familiares y la comunidad. Creemos que el objetivo es convencer a la opinión pública que las cooperativas deben ser equiparadas con las demás empresas de capital: bancos, financieras, casas comerciales que fueron creadas, legítimamente, con la finalidad de obtener rentabilidad, o sea ganar plata. Eso es lo grave. Buscan presentar a las cooperativas como empresas iguales a las existentes en el mercado y a las que se deben aplicar las mismas normativas que a las demás empresas y darles el mismo tratamiento impositivo. Y con esta política ya no habrá incentivos para formar una cooperativa, para fomentar el asociativismo u otras formas solidarias de organización y de producción, conforme señala la Constitución Nacional, ya que las mismas serían tratadas con las mismas reglas que a una sociedad anónima.
Las autoridades deben comprender que las cooperativas son entidades completamente diferentes y requieren para su desarrollo: legislación, políticas públicas y reglas impositivas diferenciadas. El acto cooperativo, la acción solidaria nace libre de impuestos porque no tiene un fin lucrativo. Además, en la lucha contra la pobreza, la creciente desigualdad que es una de las causas profundas del desencanto en la democracia, la violencia y los conflictos sociales, la mejor estrategia es la organización cooperativa. En ese sentido, invitamos, con todo respeto, a las instancias de poder, a los/as líderes de las instituciones políticas a analizar las consecuencias positivas que pueden tener para el desarrollo nacional, las políticas de fomento, apoyo y convenios de trabajo con el movimiento cooperativo paraguayo.
