El IVA muestra secuelas en el crédito solidario

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Las colocaciones de créditos del sector cooperativo se redujeron el año pasado en
4,9%. La aplicación del IVA al sector, a partir de 2016, muestra que inciden también
en el consumo.
 
El volumen de colocaciones crediticias presentó  un crecimiento de 2,9% en 2017,
resultando en una disminución de 4,9 puntos a lo observado en 2016, según el último informe
financiero elaborado por el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop).
La cartera de créditos de las cooperativas de ahorro y crédito de los tipos  A, B y C, sumó 
G. 17,2 billones a diciembre de  2017, informó igualmente el Incoop. Este segmento
representa el saldo de montos de préstamos entregados a los acreditados más intereses 
devengados sin cobrar. Sin embargo, el ente regulador también dijo que el sector de las 
cooperativas cerró  2017 con buena calificación de riesgo, y que esta situación se mantiene
en buen ritmo en lo que va del año. La información muestra la importancia  de las entidades 
para el financiamiento del consumo y la inversión, que, aparentemente se contrajo el año pasado.
Los números del Incoop se basan en un análisis con base a reportes financieros de 286 cooperativas
financieras. De estas, 66 pertenecen al tipo A (con activos mayores a G. 50.000 millones), 75 al
B (activos desde G. 5.000 millones) y 145, al C (activos menores a G. 5.000 millones).
Según estimaciones, en Paraguay 1,5 millones de personas están asociadas al sector solidario.
En su mayoría, de escasos recursos que recurren al mismo para solventar sus gastos.
 
 
A contramano con el objetivo social
de la unión solidaria de personas
Mientras que el plan legal para eliminar el IVA al sector
cooperativo, con media sanción del Senado, sigue
esperando una decisión de la Cámara de Diputados,
últimos reportes del Instituto Nacional de
Cooperativismo (Incoop) y un estudio global de la
Alianza Internacional de Cooperativas (ACI, por sus
siglas en inglés), muestran entre líneas que la medida
fiscal que comenzó a ser aplicada en 2016 constituye
un freno al objetivo social de las oportunidades
financieras para el consumo y la inversión en micro y
pequeños emprendimientos, que generan las entidades.
El proyecto de modificación estipula modificar
el artículo de la Ley 5501/15.