Suele ocurrir que honrando los Principios Universales del Cooperativismo, algunas veces, realizamos actividades que son extremadamente sociales o “de beneficencia” hasta el punto de negar los resultados económicos en las cooperativas. Y en ese mismo sentido, ocurre que nos convertimos en paladines defensores de esos principios de manera radical, sin grises, ni variantes. Tan celosamente los guardamos y defendemos que, en ocasiones, sin querer, nos convertimos en fanáticos, llevando las interpretaciones hasta el extremo.
Estos comentarios vienen a colación con respecto la interpretación que dan algunos del propio sector cooperativo, sobre la postulación a cargos electivos nacionales, tanto para el Poder Ejecutivo como para el Legislativo, y municipales de manera similar, tildándolos de antidoctrinarios y hasta de peligrosos personajes del cooperativismo, pretendiendo transformarlos en una especie de “parias del cooperativismo” y pidiendo su “exclusión” y si es posible su “expulsión” de los recintos sagrados doctrinarios del cooperativismo.
En principio, debemos mencionar que la participación de los cooperativistas en las lides nacionales como parlamentarios o cualquier otro cargo electivo nacional o municipal, es algo habitual en otros países, al punto de que todos los cooperativistas y sus organizaciones se suelen embarcar en campañas proselitistas para apoyar a sus candidatos, pues en muchos casos, preservar los derechos y beneficios de las cooperativas, depende de ello. En el Paraguay, no es habitual que cooperativistas reconocidos ejerciten sus derechos democráticos, postulándose para un cargo parlamentario o presidencial, pero cuando lo hacen, generalmente, son vilipendiados, en nombre del principio de la “neutralidad política”.
Esto ocurre hasta su acceso a los cargos a los que se postulan. Sin embargo, después se convierten en héroes y salvadores del cooperativismo, para ser endiosados, pues son la principal puerta de acceso al parlamento, las gobernaciones o las municipalidades y a través de estos, a las decisiones que les permiten a los cooperativistas, seguir brindando los beneficios a la población.
La Ley 2157/03 del Incoop, en su Art. 8 inc. b) menciona que “no podrá integrar el Consejo Directivo de esa Autoridad de Aplicación “la persona que realice actividades de índole político partidaria u ocupe cargos en ese carácter mientras duren tales actividades…”.
La interpretación de esta norma nos permite afirmar con claridad meridiana, que los cargos de elección nacional o departamental están absolutamente alejados, de ser cargos político-partidarios. Los cargos político partidarios, están claramente establecidos en los respectivos organigramas y estructuras de los partidos políticos, buscan beneficiar a los partidarios de esa nucleación política y sus gestiones son dirigidas a mejorar ese partido y a sus adherentes.
Sin embargo, los cargos de naturaleza nacional o departamental, son de alcance nacional y sus gestiones, en contrapartida a la anterior, esta direccionada a generar beneficios a toda la población de un país o de una región, independiente del signo político que tengan los beneficiados. Para hacerlo más sencillo, solo nos debemos preguntar si un senador en el parlamento es electo para hacer normas partidaria o leyes de alcance nacional. La respuesta es clara.
Por lo tanto, si los cargos no son político-partidarios, la actividad para acceder a ellos tampoco lo es. No debe obviarse que, para acceder a los cargos de naturaleza nacional o regional es obligatorio, constitucionalmente, acceder a los mismos a través de los partidos políticos. Es así que no se puede continuar afirmando que las actividades de carácter proselitista para los cargos públicos, deban considerarse político-partidaria.
En ese sentido, entonces, no es de “parias” postularse para los cargos nacionales o regionales como diputados, senadores, gobernadores e intendentes, siendo dirigentes cooperativistas, pues lo que se consigue para el sector cooperativo es de importancia superlativa en comparación al no acceso a estos cargos.
La neutralidad en materia político-partidaria no se debe interpretar como una limitación a la posibilidad de intentar el acceso a cargos públicos, por parte de líderes naturales de nuestra sociedad, que transitoria o permanentemente, ejercen ese liderazgo en nuestras cooperativas y que, lógicamente, luego de acceder a los cargos públicos, protegen y fortalecen a las cooperativas y su doctrina, desde los cargos públicos que ejercen.
El principio de neutralidad debe interpretarse como la no discriminación por creer y practicar una doctrina partidaria, o por ejercer una carrera política. No debe interpretarse por el lado de no pertenecer a ningún partido político, evitando participar en ese tipo de actividades que busquen el acceso a cargos públicos. La misma Alianza Cooperativa Internacional, ACI, principal custodio de la Doctrina Universal del Cooperativismo, recomienda incidir en las políticas públicas, a través del acceso a los cargos públicos, generando cambios positivos en la sociedad, con una gestión cooperativizada, entre otras alternativas.
Los “fanáticos” de la doctrina, deberían limitar sus interpretaciones al alcance de la Ley, la cual establece el delicado borde entre lo legal y lo obscuro. El sostén de las cooperativas es su doctrina y por lo tanto, su correcta y legal interpretación, debe poner límites a los intereses personales o corporativistas, que pretenden imponer negativamente su proceder, frente a los nobles objetivos del Movimiento Cooperativo Paraguayo, negando la posibilidad de pugnar legalmente, por algún cargo electivo nacional o regional.
La restricción del acceso a los cargos de relevancia para la toma de decisiones políticas del Estado, tiene consecuencias negativas, en la protección de los derechos de los cooperativistas y de sus entidades. Sin embargo, cuantos más cooperativistas accedan a esos cargos, mayor relevancia tendrán las acciones de las cooperativas y su acción será más efectiva, trayendo mejores niveles de vida a la población paraguaya.
