El aumento desmedido del gasto público está generando preocupación en el nuevo Gobierno, que acertadamente está haciendo planes concretos para hacer frente a esta problemática que se arrastra desde hace más de dos décadas. Y el proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal debe ser la herramienta clave para determinar los objetivos y estrategias económicas y sociales para los próximos 5 años.
Con un aparato estatal en el que el 87 % de los recursos del Estado es destinado a gastos corrientes, resulta impensable hacer delineamientos estratégicos serios de cara al futuro.
La preocupación también se basa en eventuales situaciones que lleven a una desaceleración importante de la economía a nivel global, lo cual podría repercutir de forma negativa internamente.
Es indudable que la contención del gasto público es un imperativo del momento, estableciéndose un máximo de déficit fiscal y el crecimiento de ese gasto, con parámetros que sean medibles, así como un reordenamiento tributario. Conforme al ministro de Hacienda, Germán Rojas, estos deben ser los pilares fundamentales para un reordenamiento de las finanzas del país.
Por ello, en el análisis, fueron convocados los miembros del Poder Judicial y líderes del Congreso, a fin de que tomen conciencia de la importancia de establecer topes a los gastos y no continuar agigantando ese elefante estatal, que perjudica a la larga a la sociedad en general.
Estas medidas, indudablemente estarán acompañadas por un severo control en los entes del Estado, las recaudaciones y fundamentalmente el tema del personal. En este punto, hay que recordar que casi 60.000 personas ingresaron como funcionarios públicos entre los dos últimos gobiernos de Nicanor Duarte Frutos y el periodo compartido por Fernando Lugo y Federico Franco.
Lo positivo de este proyecto es que el nuevo Gobierno tiene la suficiente credibilidad a estar por los nombramientos que ha realizado en las diversas reparticiones. No habrá un criterio demagógico para la toma de decisiones, sino más bien técnico.
Es de esperar que los líderes sociales, políticos y de las diversas esferas, entiendan que el Paraguay está obligado a tomar decisiones serias y claras para apuntalar un mayor crecimiento, con equidad social. De aprobarse el proyecto de ley será un claro mensaje para los compatriotas y el mundo que nos está observando, sobre las intenciones existentes por consolidar las estructuras del Estado que permitan un desarrollo integral y amplio para todos los paraguayos.
De ahí que este ajuste de cinturón será un paso importante para fortalecer las bases económicas y generar más oportunidades para el país en su conjunto.
