El ingreso de carne de cerdo de contrabando, principalmente proveniente de Brasil, está generando una fuerte distorsión en el mercado paraguayo y ejerciendo presión sobre los precios del producto nacional. Actualmente, el kilogramo de carne porcina se comercializa en algunos puntos entre G. 7.000 y G. 8.000, muy por debajo de los G. 13.000 que llegó a alcanzar meses atrás. Desde el sector productivo advierten que esta situación genera pérdidas económicas y compromete la continuidad de numerosos establecimientos, especialmente aquellos pertenecientes a pequeños productores.
Robert Bento, Presidente de la Asociación Paraguaya de Productores de Cerdos (APPC), señaló que el ingreso masivo de productos de origen ilegal representa una competencia desleal que afecta a productores pequeños, medianos y grandes. Explicó que la carne nacional cuenta con trazabilidad, controles sanitarios, seguimiento durante el proceso productivo y una adecuada cadena de frío, condiciones que no pueden garantizarse cuando se trata de productos cuyo origen y manejo son desconocidos. En ese sentido, alertó que además de la distorsión comercial existe una preocupación por los posibles efectos sobre la seguridad alimentaria y el estatus sanitario alcanzado por Paraguay.
El dirigente sostuvo que los precios con los que se ofrecen actualmente algunos cortes en kioscos, carnicerías y otros puntos de venta resultan difíciles de sostener para la producción nacional. Según explicó, la presencia de mercadería de contrabando inunda el mercado con valores que no reflejan los costos de una producción formal, que implica la adquisición legal de insumos, controles sanitarios, alimentación, infraestructura y otros componentes. Esta situación reduce los márgenes de los productores y genera un escenario cada vez más complejo para quienes dependen de la actividad porcina como principal fuente de ingresos.
Uno de los sectores más afectados son los pequeños productores, varios de los cuales ya estarían reduciendo o directamente paralizando parte de sus actividades. Bento indicó que algunos dejaron de realizar procesos de inseminación y reproducción ante la falta de rentabilidad, mientras que otros establecimientos estarían optando por cerrar. Advirtió que esta reducción de la producción podría generar un efecto contrario a futuro, ya que una menor oferta nacional terminaría obligando a frigoríficos y compradores a buscar el producto disponible a precios más elevados. De esta manera, la actual distorsión podría tener consecuencias sobre toda la cadena porcina.
El impacto también alcanza al ámbito social y económico, considerando que numerosos establecimientos funcionan como unidades familiares y generan fuentes de trabajo directo e indirecto. La crisis del sector puede repercutir además en proveedores de alimentos, insumos sanitarios, maíz y otros productos utilizados para la producción. Bento remarcó que los productores formales adquieren sus insumos mediante operaciones legales y generan tributos a través de la facturación, por lo que una reducción de la actividad también podría significar una disminución de la recaudación para el Estado. A esto se suma la dificultad que tendrán los productores para cumplir con sus obligaciones financieras y compromisos con proveedores si la situación persiste.
Ante este escenario, la APPC anunció que buscará reforzar sus acciones ante las autoridades competentes para contribuir a combatir el contrabando de carne porcina. La organización, que reúne actualmente a unos 70 a 80 productores, prevé establecer una hoja de ruta y un cronograma de actividades para acompañar los esfuerzos destinados a reducir o erradicar el ingreso ilegal de productos. Bento sostuvo que será necesario un trabajo coordinado entre productores, industrias, frigoríficos y organismos estatales para superar la crisis, proteger la producción nacional, fortalecer el mercado interno y avanzar hacia una mayor apertura de mercados internacionales para la carne porcina paraguaya.
